La asociación alemana Foodwatch denuncia las leyes absurdas que protegen los intereses de la industria alimentaria, citando algunos ejemplos como el contenido de dioxinas en los alimentos, el de uranio en el agua, la poca transparencia de los aditivos alimentarios, etc. Son diez ejemplos, aunque se podrían citar muchos más.
Lo cierto es que se pueden citar numerosos casos de escándalos alimentarios, así como el uso de determinados componentes y aditivos que se han considerado seguros y que al final se han ido prohibiendo tras un largo proceso de litigio e investigación. Los consumidores ven con impotencia cómo la industria alimentaria y la política, dictan las reglas del juego según sus intereses y necesidades, tienen una serie de leyes absurdas que protegen los intereses de la industria alimentaria, no se cuenta con una legislación eficaz capaz de hacer valer la protección de los consumidores.
Foodwatch nos muestra 10 leyes absurdas que velan por los intereses de la industria alimentaria, también nos hablan de las medidas incoherentes y poco eficaces que se adoptan tras un escándalo alimentario. Por ejemplo, en el caso de los huevos con dioxinas, el gobierno Alemán anunció medidas como un muestreo por cada 1.000 toneladas de pienso para animales de corral, medida que se considera insuficiente. En otro ejemplo citado se habla del uranio contenido en el agua, hay un límite de tolerancia para el agua de la red de abastecimiento público, pero no se aplica en el agua embotellada. Sí se habla de aditivos, se pueden citar los colorantes azoicos o azocolorantes que utiliza la industria alimentaria, algunos están bajo sospecha por ser causa del TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), etc.
A continuación citamos las 10 leyes más locas o absurdas que atentan contra la seguridad alimentaria según Foodwatch:
Reglas ineficaces en materia de alimentos transgénicos. Agricultores y consumidores tienen libertad de elección tanto para cultivar como para alimentarse con transgénicos. No están estandarizadas las distancias mínimas entre el cultivo de alimentos tradicionales y modificados genéticamente, dependiendo del país, la distancia de seguridad fluctúa entre 150 y 500 metros, estas reglamentaciones no tuvieron en cuenta a las abejas, insectos que pueden volar varios kilómetros portando polen transgénico.
Limitación del contenido de dioxinas en los alimentos. En lo que respecta a contenido de dioxinas, existen límites a fin de proteger a los consumidores, sin embargo, varios alimentos entran en el mercado con niveles de dioxinas superiores. Recordemos que algunos investigadores explicaban que esta sustancia química es muy tóxica y está asociada a diferentes problemas de salud, pudiendo interferir en el sistema inmunitario, causar problemas en el sistema reproductivo y provocar cancer.
Advertencias en las etiquetas alimentarias en letra pequeña acerca de los azocolorantes. Sobre estos aditivos de los que se sospecha quecausan problemas de salud como el TDAH, la UE adoptó la medida de incluir una advertencia en las etiquetas alimentarias que puede pasar fácilmente por alto.
Recomendaciones sobre el consumo de azúcar que proceden directamente de la industria. La UE hace que todavía sea posible que los fabricantes de alimentos elaboren productos con 90 gramos de azúcar, como ingesta diaria recomendada. Foodwatch explica que este valor no ha sido determinado por la a Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria u otras instituciones científicas, sino directamente por el grupo de presión de la industria alimentaria europea. Al respecto merece la pena recordar que la OMS recomienda reducir a la mitad la cantidad azúcares que hasta ahora ponía como límite máximo, pasando de los 50 gramos a los 25 gramos de azúcar, de ello hablábamos en el post Reducir el consumo de azúcar para mejorar la salud de la población.
Límite del contenido en uranio en el agua. A pesar de que existe un límite tolerable establecido en el agua del grifo, esta limitación, según la asociación alemana, no se aplica al agua embotellada. La reglamentación adoptada por el gobierno federal se aplica al agua potable no embotellada.
Los aditivos alimentarios aparecen en las etiquetas de los envases que se comercializan en el supermercado, pero no sabemos nada de ellos en los restaurantes. Para Foodwatch un comensal de un restaurante es un consumidor de segunda categoría, ya que no sabe qué aditivos contiene su comida a diferencia de quienes van al supermercado.
Pruebas de dioxinas incompletas. Tras el escándalo de las dioxinas en el año 2011, el gobierno alemán anunciaba la extinción de derechos de los productores de piensos para evitar alimentar a los animales con alimentos con dioxinas. En el reglamento comunitario no se contemplan todos los ingredientes que pueden contener dioxinas y por tanto no se controlan. A esto hay que añadir que el muestreo que se realiza se considera insuficiente, una muestra por cada 1.000 toneladas de producto.
Como resultado de la encefalopatía espongiforme bovina, determinadas harinas animales deben ser identificadas para que no puedan introducirse en la cadena alimentaria. Las leyes comunitarias permiten utilizar un marcador químico cuyas propiedades inodoras e incoloras hacen que sólo se pueda detectar en un laboratorio, por lo que la entrada de estas harinas en el canal alimentario es posible.
Información saludable sólo por encargo. Las autoridades alemanas saben del problema del uranio en el agua o el riesgo de la acrilamida en los alimentos, entre otros ejemplos, sin embargo, no informan a los consumidores debidamente a no ser que se le solicite expresamente. Lo cierto es que La Ley de Información al Consumidor permite el acceso a este tipo de información sólo si se realiza la petición, el problema es que muchos consumidores desconocen la ley, lo más coherente sería liberar toda la información y que pudiera ser consultada por cualquier usuario sin solicitud previa.
Impunidad para quien envenena. Un fabricante de piensos que haya sido denunciado por introducir productos peligrosos en la alimentación animal, no recibe sanción alguna, en su lugar se le da un plazo para que modifique la composición y elimine el ingrediente que resulta peligroso. El resultado es que una producción se puede comercializar en su totalidad, la siguiente ya se presentará con la modificación oportuna, cuando en realidad se debería retirar todo el pienso del mercado.
A través de este enlace podéis consultar toda la información facilitada por Foodwatch de la denuncia realizada, no se puede negar que hay errores que solucionar y pasos que dar para mejorar la legislación en materia de seguridad alimentaria, de hecho, la EFSA realiza muchos avances en este sentido.
Hoy leemos en Foodwatch, asociación de Alemania sin ánimo de lucro que intenta defender los intereses y derechos de los consumidores alemanes, una noticia en la que se denuncia que la legislación alimentaria en la Unión Europea protege con más eficacia los intereses de la industria alimentaria que los intereses de los consumidores. Los alimentos tienen un gran nivel de seguridad, esta es una de las aseveraciones más utilizadas por los políticos y la industria de los alimentos, aunque de vez en cuando aparecen en escena escándalos alimentarios que muestran que las medidas políticas adoptadas en materia de seguridad alimentaria no son tan eficaces, como por ejemplo el escándalo de la mozzarella italiana en el año 2008, el nivel excesivo de dioxinas que se detectó en los huevos alemanes hace tres años, los problemas con la carne de caballo (no es que fuera peligrosa pero era un fraude) en el año 2013, etc.
Lo cierto es que se pueden citar numerosos casos de escándalos alimentarios, así como el uso de determinados componentes y aditivos que se han considerado seguros y que al final se han ido prohibiendo tras un largo proceso de litigio e investigación. Los consumidores ven con impotencia cómo la industria alimentaria y la política, dictan las reglas del juego según sus intereses y necesidades, tienen una serie de leyes absurdas que protegen los intereses de la industria alimentaria, no se cuenta con una legislación eficaz capaz de hacer valer la protección de los consumidores.
Foodwatch nos muestra 10 leyes absurdas que velan por los intereses de la industria alimentaria, también nos hablan de las medidas incoherentes y poco eficaces que se adoptan tras un escándalo alimentario. Por ejemplo, en el caso de los huevos con dioxinas, el gobierno Alemán anunció medidas como un muestreo por cada 1.000 toneladas de pienso para animales de corral, medida que se considera insuficiente. En otro ejemplo citado se habla del uranio contenido en el agua, hay un límite de tolerancia para el agua de la red de abastecimiento público, pero no se aplica en el agua embotellada. Sí se habla de aditivos, se pueden citar los colorantes azoicos o azocolorantes que utiliza la industria alimentaria, algunos están bajo sospecha por ser causa del TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), etc.
A continuación citamos las 10 leyes más locas o absurdas que atentan contra la seguridad alimentaria según Foodwatch:
Reglas ineficaces en materia de alimentos transgénicos. Agricultores y consumidores tienen libertad de elección tanto para cultivar como para alimentarse con transgénicos. No están estandarizadas las distancias mínimas entre el cultivo de alimentos tradicionales y modificados genéticamente, dependiendo del país, la distancia de seguridad fluctúa entre 150 y 500 metros, estas reglamentaciones no tuvieron en cuenta a las abejas, insectos que pueden volar varios kilómetros portando polen transgénico.
Limitación del contenido de dioxinas en los alimentos. En lo que respecta a contenido de dioxinas, existen límites a fin de proteger a los consumidores, sin embargo, varios alimentos entran en el mercado con niveles de dioxinas superiores. Recordemos que algunos investigadores explicaban que esta sustancia química es muy tóxica y está asociada a diferentes problemas de salud, pudiendo interferir en el sistema inmunitario, causar problemas en el sistema reproductivo y provocar cancer.
Advertencias en las etiquetas alimentarias en letra pequeña acerca de los azocolorantes. Sobre estos aditivos de los que se sospecha quecausan problemas de salud como el TDAH, la UE adoptó la medida de incluir una advertencia en las etiquetas alimentarias que puede pasar fácilmente por alto.
Recomendaciones sobre el consumo de azúcar que proceden directamente de la industria. La UE hace que todavía sea posible que los fabricantes de alimentos elaboren productos con 90 gramos de azúcar, como ingesta diaria recomendada. Foodwatch explica que este valor no ha sido determinado por la a Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria u otras instituciones científicas, sino directamente por el grupo de presión de la industria alimentaria europea. Al respecto merece la pena recordar que la OMS recomienda reducir a la mitad la cantidad azúcares que hasta ahora ponía como límite máximo, pasando de los 50 gramos a los 25 gramos de azúcar, de ello hablábamos en el post Reducir el consumo de azúcar para mejorar la salud de la población.
Límite del contenido en uranio en el agua. A pesar de que existe un límite tolerable establecido en el agua del grifo, esta limitación, según la asociación alemana, no se aplica al agua embotellada. La reglamentación adoptada por el gobierno federal se aplica al agua potable no embotellada.
Los aditivos alimentarios aparecen en las etiquetas de los envases que se comercializan en el supermercado, pero no sabemos nada de ellos en los restaurantes. Para Foodwatch un comensal de un restaurante es un consumidor de segunda categoría, ya que no sabe qué aditivos contiene su comida a diferencia de quienes van al supermercado.
Pruebas de dioxinas incompletas. Tras el escándalo de las dioxinas en el año 2011, el gobierno alemán anunciaba la extinción de derechos de los productores de piensos para evitar alimentar a los animales con alimentos con dioxinas. En el reglamento comunitario no se contemplan todos los ingredientes que pueden contener dioxinas y por tanto no se controlan. A esto hay que añadir que el muestreo que se realiza se considera insuficiente, una muestra por cada 1.000 toneladas de producto.
Como resultado de la encefalopatía espongiforme bovina, determinadas harinas animales deben ser identificadas para que no puedan introducirse en la cadena alimentaria. Las leyes comunitarias permiten utilizar un marcador químico cuyas propiedades inodoras e incoloras hacen que sólo se pueda detectar en un laboratorio, por lo que la entrada de estas harinas en el canal alimentario es posible.
Información saludable sólo por encargo. Las autoridades alemanas saben del problema del uranio en el agua o el riesgo de la acrilamida en los alimentos, entre otros ejemplos, sin embargo, no informan a los consumidores debidamente a no ser que se le solicite expresamente. Lo cierto es que La Ley de Información al Consumidor permite el acceso a este tipo de información sólo si se realiza la petición, el problema es que muchos consumidores desconocen la ley, lo más coherente sería liberar toda la información y que pudiera ser consultada por cualquier usuario sin solicitud previa.
Impunidad para quien envenena. Un fabricante de piensos que haya sido denunciado por introducir productos peligrosos en la alimentación animal, no recibe sanción alguna, en su lugar se le da un plazo para que modifique la composición y elimine el ingrediente que resulta peligroso. El resultado es que una producción se puede comercializar en su totalidad, la siguiente ya se presentará con la modificación oportuna, cuando en realidad se debería retirar todo el pienso del mercado.
A través de este enlace podéis consultar toda la información facilitada por Foodwatch de la denuncia realizada, no se puede negar que hay errores que solucionar y pasos que dar para mejorar la legislación en materia de seguridad alimentaria, de hecho, la EFSA realiza muchos avances en este sentido.